lunes, 21 de mayo de 2012

Presenten propuestas

Ante la queja de los empresarios (comenzaron los del sector turístico y se ha ido sumando el resto) por la inminente subida del IGIC (añádanle los impuestos de los carburantes y este sí va a ser un buen sablazo para todos, excepto los políticos que disponen de coche oficial), Paulino Rivero ha manifestado que está abierto a todo tipo de propuestas y que si le brindan una mejor solución… Me entristece que un gobernante diga tal sandez. Como la manifestada por su portavoz, el periodista Martín Marrero, elevado a la categoría de viceconsejero, cuando proclama a los cuatro vientos majoreros que no hubo ilegalidad alguna en la concesión de la controvertida subvención al consejero Berriel para sus finquitas en Maxorata. El colmo es que la hubiese habido, inteligente. ¿Sabrán estos lo que es tener un fisco de ética y decencia?
Aquí de lo que se trata es de ingresar más (la excusa de Madrid sigue funcionando), sin querer enterarse de que a lo mejor procede gastar menos, eliminar cuanto de superfluo sigue existiendo en el entramado autonómico. Como, mero ejemplo, la instalación de hidromasaje que tenía José Miguel Ruano en el edificio que fue sede de su Consejería en Las Palmas. Ya lo notaba yo medio estirado. También hallamos la coartada consabida (culpar al gobierno en Madrid) de es ‘una medida de obligado cumplimiento’, que sostiene José Miguel Pérez para calmar a la población universitaria ante el incremento notorio de las matrículas.
Lo triste de todo este tinglado es que el gobierno canario es plenamente consciente de que sí hay otras medidas. Y que no pasan por seguir con la política de los recortes, esa misma que critican al contrario (PP), pero que están muy encantados de poner en práctica aquí. ¿Por qué no se establece una norma –de obligado cumplimiento, ya que les gusta la canción– por la que se regule de una vez por todas los sueldos de alcaldes y concejales? No, y arriba son tan caras que se han molestado mucho ante la postura del presidente de la corporación garafiana de bajarse el sueldo hasta la mínima expresión.
Sí ha habido propuestas, señor Rivero, y usted lo sabe perfectamente. Intersindical Canaria las ha condensado en un paquete de 100 medidas. Y  a raíz de su publicación –puede que usted no se entere porque está pendiente de sus post en el blog para que luego los reproduzca la tele de Willy–, un grupo de funcionarios le ha hecho llegar un llamativo plan de ajuste (un ahorro de unos mil millones), lo que conllevaría implícito el que no se tocase, una vez más, el sueldo de los empleados públicos. Efectivamente, los privilegiados (como Berriel, sin ir más lejos).
Y mientras estas cosas ocurren, don Antonio Castro y su Mesa siguen estudiando si es conveniente publicar el sueldo de sus (muy suyas, sí) señorías. Y Jerónimo Saavedra, ahora en el cargo (Diputado del Común) con el que ha colmado sus aspiraciones, sigue de garbeo por las islas. Puede que en el vano intento de explicar a los alcaldes qué cometidos tiene esa figura. Como no sea la de soplar a Isaac Valencia que el anterior (Manuel Alcaide) lo había calificado de obstruccionista. La carcajada del alcalde villero retumbó desde El Bollullo hasta la base del teleférico.
Como le he dedicado unos buenos minutos en leerme esas iniciativas (que los posibles afectados –ustedes, los políticos– siempre tildan de nimiedades e insignificancias), me atrevo a hacer mías unas cuantas (bastantes) y retoco algunas otras, al tiempo que las elevo a su consideración (y a la de su vicepresidente, porque a lo mejor valdrían para no tener que seguir dando palos a los de siempre) por si estima conveniente echarlas a la papelera (qué mejor destino). Todo ello manifestado con el mayor de los respetos. Pues acaba uno por cansarse de que los ajustes de Madrid los pague yo. Los autonómicos, también yo. Cuando lleguen los del cabildo y ayuntamientos, me temo que también me correspondan. Y como el gasoil tendrá en unos días el precio peninsular, ¿me pongo en la acera a ver si pasa usted y me lleva en el helicóptero? ¡Ah!, que usted va con Merkel. Vale, iré yo con Hollande. Aquella exige (a los demás) pero se sube el sueldo (predicar con el ejemplo). Este otro se lo rebaja el 30% (como el sueldo de los funcionarios y pensionistas de aquí). Ve, don Paulino, otro detalle en el que discrepamos y nos diferenciamos. No obstante, va la batería:
“En sintonía con la suspensión de las subvenciones a las organizaciones sindicales en función a la representatividad obtenida en las urnas, deberán también suspenderse las subvenciones a las organizaciones empresariales y a los partidos políticos.
Eliminar el pago de las licencias de software que cada año la administración debe soportar e implantación del software libre que ha demostrado altos niveles de eficacia y eficiencia. En el sector de la administración de justicia, el estado ha ofrecido en más de una ocasión poner a disposición de la administración canaria, sin gasto alguno, el sistema informático que en dicha administración viene funcionando perfectamente. Al tiempo, aprovechar los servicios de informática propios para la gestión diaria del sistema. Actualmente esa gestión se encuentra en manos de personal externo, teniendo la administración un equipo de personal propio altamente capacitado para hacerse cargo de esa gestión.
Reducción de las empresas privadas que operan en la administración y sustraen el trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas canarias. De esa manera se ahorraría en la doble plantilla (pública-privada) tan frecuente en la administración de la Comunidad Autónoma.
Que los altos cargos y personal de confianza que sean empleados públicos (personal laboral, funcionario o estatutario) cobre sus retribuciones en función de la categoría profesional que ostenta o del cuerpo o escala en el que se integra.
Limitar el uso de la telefonía móvil a una cantidad concreta para cada responsable político, especificada en el decreto de medidas de ahorro.
Eliminar el séquito que acompaña a los cargos públicos en sus viajes (secretarias, asesores, etc.). Eliminar los coches oficiales asignados a un solo cargo, todos los coches oficiales deberían ser compartidos. Eliminar la asignación de un conductor a un alto cargo.  Eliminación del pago de desplazamientos de su casa al centro de trabajo de los altos cargos, equiparándolos al resto de empleados públicos. Prohibición genérica de que los altos cargos utilicen el parque móvil y el personal subalterno conductor para los desplazamientos entre su vivienda y el lugar de trabajo, a primera hora de la mañana y tras la jornada laboral. Prohibición de que el parque móvil de la Comunidad Autónoma sea utilizado por personas ajenas a la administración, incluido familiares de altos cargos. Control riguroso de los vehículos oficiales fuera de la jornada laboral con el objeto de evitar su uso indebido. Reducción de desplazamientos en vehículos públicos y los medios de transportes aéreos reservados para emergencias sanitarias y catástrofes a los altos cargos y asesores.
Establecer una central de comprar para toda la Comunidad de material fungible, ofimático y cualquier otro que se pueda beneficiar de economías de escala.
Suprimir la indemnización por cese de aquellos altos cargos que tengan su plaza como empleados públicos.
Reducción de asesores y cargos de confianza externos, ya que la administración dispone de técnicos competentes en las materias propias de cada Departamento del Gobierno. Reducción también del personal eventual que realiza funciones calificadas de confianza. Los cargos de confianza y los asesores serán pagados por el partido político correspondiente
No podrá abonarse a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma la organización de ningún tipo de eventos oficiales, cócteles, brindis o copas de honor.
Suspensión de las pensiones vitalicias a los cargos públicos.
Reducción del gasto en concepto de dietas, desplazamiento, telefonía móvil, tarjetas de crédito, etc. de las que habitualmente disfrutan los altos cargos.
Modificación de la normativa legal para que el dinero que actualmente se dedica a la Educación Privada mediante Conciertos finalice en una década, quedando congelado desde la actualidad y reduciendo cada año en un 10%, hasta el año 2021 en que no se trasvasaría más dinero público al negocio privado de la educación.
Las distintas administraciones locales, insulares y autonómica debieran mejorar su nivel de coordinación y cooperación, planteándose objetivos básicos de mancomunar servicios para mejorar la oferta a la ciudadanía, evitando duplicidades de costes y ofertas de escasa calidad”.
Y más: Fuera la televisión canaria y policía autonómica. Fuera Diputado del Común. Organigramas gubernamental y del parlamento reducidos a la mitad (y a lo peor es poco), ídem en cabildos y ayuntamientos (y un pimiento eso de la autonomía de las instituciones –DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO–)…
Pero hay un problema. Y grave. Todas estas disposiciones requieren auditores externos, porque ustedes siempre opinarán lo contrario, que hacen falta más liberados, más asesores, más enchufados… y que la teta es elástica –demasiado– hasta en épocas como la que atravesamos. Eso, disparidad de criterios.
Gracias, Paulino y José Miguel, por la atención dispensada. La verdad es que no me la merezco. Y disculpen la extensión, pero cuando me enfogueto (presente de indicativo del verbo enfoguetarse) soy peor que los Toste.