La separación de poderes se halla bien definida en la
Constitución, pero es mera entelequia en la práctica cotidiana. Y todo porque
uno de ellos, el Judicial, se cree intocable. Quienes lo conforman se han
erigido en seres superiores no sujetos a críticas ni reproches. Su labor, eso
entienden, no está sujeta a control alguno. Pueden hacer y deshacer a su
antojo. Las normas son para el resto de mortales. Lo de aplicar las leyes se
les ha quedado muy corto. Quieren ir mucho más allá y actúan torticeramente en
los procedimientos. No cuidan siquiera las apariencias. Da lo mismo. Yo soy yo,
sin circunstancias. Principios jurisdiccionales se ha tirado al cubo de la
basura sin el menor recato. La toga me protege. Y el órgano encargado de
corregir desviaciones parece más preocupado en que nadie ose alzar la voz, que
en reconducir una situación que desbarra en abundancia. Nosotros, los mortales,
debemos conformarnos con el fútbol (por eso el Mundial amplió el abanico) o ir
a las verbenas de los festejos populares (gracias PP realejero). Los temas de
enjundia no se hallan sino al alcance de mentes privilegiadas.
Cuando uno, ignorante redomado, observa estos andares se
pregunta por qué un elegido en proceso democrático transparente está sujeto a
todo tipo de disparos mientras otros afortunados, ascendidos por méritos, puede
que hasta dudosos, se ofenden sobremanera –incluso reclaman una no disimulada
impunidad– cuando se le cuestionan resoluciones que chocan con algo tan
elemental como es el sentido común. No creo que el legislador obviara el
denominado derecho consuetudinario. Y es que a los usos y costumbres se recurre
desde que el hombre inventó lo de un “mal arreglo antes que un buen pleito”.
Porque el evitar un proceso judicial será tónica dominante ante el temor, nada injustificado,
de que se cuele un Peinado, verbigracia, en tu camino.
Interpretar la ley a través de los más intrincados
subterfugios, vericuetos inverosímiles y artificiosos considerandos, donde
prima la objetividad más obscena, no es –no debe ser– el paradigma de un estado
de derecho que se precie. Se empeñan algunos en poner la justicia a los pies de
los caballos. ¿Les guía solo el protagonismo o existen espurios intereses
detrás de las decisiones? ¿Hacen honor ciertos fallos a su definición más
etimológica: acción y efecto de fracasar?
Sabemos cómo se mueve el periodismo actual. Arrimado a
dornajos empresariales y pasándose por el arco del triunfo todos los principios
deontológicos que deben ser norte en tan noble profesión. Que pone mil reparos
a reconocer lo que son patentes casos de
lawfare: instrumentalización de la justicia para lograr objetivos políticos
o estratégicos, en lugar de aplicarla de manera imparcial y equitativa. ¿Qué
delito cometo si sostengo que –y este último paso del titular del juzgado de
instrucción número 41 de Madrid ya es el colmo de los despropósitos– se ha
valido de procedimientos judiciales con fines políticos, para desacreditar,
inhabilitar o perseguir a un adversario, manteniendo una apariencia de
legalidad? Pues que me encierren para siempre jamás, porque escrito queda. La
inquina, animadversión, obsesión, afán de protagonismo con sus minutos de
gloria, cuando no el odio más visceral (y no sigo porque se me acaba el folio)
es, presuntamente, la prueba inequívoca de… la nota de corte exigida para
estudiar el grado de Derecho.
Ya no bastan toques de atención a instrucciones descarriadas.
El Consejo General del Poder Judicial se va a quedar con menos crédito que mi
tarjeta bancaria. Si ante estas flagrantes muestras se muestra tan dubitativo,
¿qué más burradas debe acometer el susodicho para que la podredumbre no siga
extendiéndose? Es tan grave la putrefacción existente en la plaza de Castilla
(patente hasta en la composición escrita de los autos) que o se elimina este garbanzo
negro –ante el temor evidente de pandemia– o no habrá mascarilla, homologada o sin
etiqueta, que sea capaz de eliminar el tufo y la pestilencia.
Qué triste imagen. Cuánta vergüenza. ¿Hasta cuándo o dónde
soportar la pesada losa del estigma? No persistan en seguir compartiendo aquel
adagio periodístico de “perro no come perro”, porque el lodazal acabará
ahogándolos a todos. Pisen el freno o el peligroso descenso acarreará fatales
consecuencias, ya que no habrá zona con grava que pueda detener el desbocado convoy.
Los magistrados conservadores del CGPJ necesitan más tiempo
para reflexionar. ¿Hasta que se jubilen todos y se marchen de rositas con encomiendas,
medallas y condecoraciones varias?
Y el que pudo hacer, hizo. ¿Suma y sigue?

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