Ley de Transparencia, otra vez (1)

Puse en Facebook: “Vaya manía le entró a Hernández Spínola, consejero de Presidencia, con que seamos los ciudadanos los que redactemos la Ley de Transparencia. Si el problema está en los que deben cumplirla”. Y el villero Manuel González Álvarez me respondió esto otro: “Se trata de cambiar el chip. La ciudadanía, organizada o a título personal, demanda participar, transparencia, instituciones abiertas... Como mínimo podríamos darle una oportunidad. Lo que hemos hecho hasta ahora, parece que no termina de convencer. No pongamos trabas sin haberlo intentado, ya habrá tiempo de evaluar y, si fuera necesario, sancionar. Hacerlo antes tampoco ayuda. Saludos”.

No atisbo incompatibilidad alguna entre lo uno y lo otro. Porque los ciudadanos de esta Comunidad –y en general, de este país– que nos sentimos asqueados con los procederes políticos, entendemos que la ley –otra más que se suma al amplísimo catálogo que, en la mayoría de las ocasiones, hace que la justicia sea cada vez más inoperativa– deberá regular todo lo relacionado con las instituciones públicas –las que se nutren de nuestros impuestos–, eso que hemos venido en denominar Administración (en sus diferentes niveles). Y no es ello malo. Más bien todo lo contrario. El problema surge cuando llega la concreción de esas medidas. Porque una Consejería será transparente en tanto en cuanto lo sean quienes la dirigen. Y uno se muestra reacio porque en el ordenamiento jurídico –u orden jurídico, corríjanme los entendidos– ya existen los cauces suficientes como para meterle mano a los que engolfan la política y, por ende, la correcta gestión de las arcas públicas.

Por todo ello manifiesto que no es tan importante –que los es– la redacción en sí de la normativa, sino que seamos capaces, de una maldita vez, de que se cumpla una ley en este país. Hay desafección, se dice. ¿Es que acaso pude esperarse algo diferente? ¿De qué nos van a valer todas estas presentaciones en las diferentes islas y la posibilidad de que a título individual o colectivo podamos aportar ideas, si luego, a la hora de llevarla a la práctica, existen comportamientos inadecuados y no sujetos a las directrices estipuladas? ¿Por qué los propios partidos reconocen que son los menos, pero no son capaces de apartarlos antes de que se pudra el resto? ¿Por qué siguen permitiendo duplicidad de cargos, saltándose a la torera en muchas ocasiones las incompatibilidades reguladas en congresos, convenciones o como demonios quieran denominarlo? ¿Por qué permiten que un imputado siga ejerciendo sus funciones, cuando en otros casos, los menos, hacen que dé un paso a un lado con la coletilla de “para que se defienda mejor”?

Se ha iniciado desde la Consejería de Presidencia una serie de debates presenciales en los que los ciudadanos particulares, colectivos y asociaciones podrán participar a micrófono abierto o por escrito en base a cuatro cuestiones:

¿Qué es la Ley de Transparencia y qué se espera de ella?

¿Qué o quién debe estar sometido a esta Ley?

¿Dónde y cómo debe conversar el Gobierno y sus instituciones?

¿Generará riqueza, innovación y crecimiento a Canarias?

Señor Spínola, solo esperamos que ustedes, ejecutores de la cosa pública, hagan simplemente la labor que les hemos encomendado, que no es más que cumplir con las obligaciones que sus cargos requieren. Lo mismo que le exigimos a un maestro de escuela, al cura del pueblo o al carpintero que nos hace una repisa para el cuarto de baño. Ni más ni menos. Es tan simple como ganarse el sueldo honradamente, sin extras ni prebendas o privilegios. Y la sensación que se nos queda cada vez que leemos un periódico o escuchamos un parte informativo, no es esa precisamente. La malquerencia existente no va a borrarse con capítulos de buenas intenciones. Que no digo sean malos, pero queremos hechos. Y demostrado está que lo demasiado escrito no ha sido de gran utilidad.

De las cuatro preguntas anteriores, permítame que le responda a la última. Por supuesto que generará riqueza. Y mucha. ¿Se imagina todo lo que podría llevarse a cabo en áreas tan sensibles como la de servicios sociales con todo lo que se han mangado esos que usted conoce mejor que yo? Lleva su consejería el añadido (a Presidencia) de Justicia e Igualdad. ¿De qué nos va a servir este nuevo articulado si los procesos judiciales en los que se ven inmersos –afortunadamente algunos caen– todos los que han metido la mano en la lata del gofio, se eternizan hasta el punto de salir de rositas, cuando no con una condena ridícula, carcajeándose del resto de ciudadanos y reincorporándose a sus labores para continuar con las fechorías?

El consejero ha afirmado que la gran novedad de este proceso es que se parte de cero, sin borradores ni textos articulados previos con el fin de escuchar a la gente, hasta el punto de que todas las tendencias manifestadas por los ciudadanos se incorporarán al documento definitivo. ¿De verdad se cree sus palabras? ¿Cómo dará forma, en caso de producirse, a la propuesta de trescientos mil canarios, por ejemplo, con idéntico número de sugerencias acerca de lo que entienden como despilfarros presupuestarios? ¿Ejemplos? Vale: radiotelevisión y policía autonómicos. Ahora mismo hay un despliegue de más de cien personas en El Hierro para que salga Paulino diciendo chorradas en medio de tanto polvo (del camino). ¿Me admite la sugerencia o se ha sumado usted también a la novelería? ¿Van a revisar el tema de los puestos de libre designación (puede darse un paseo por el BOC y observará que es de escándalo), sueldos, funciones y demás? Más abajo sigo, si no le importa.

(concluiremos mañana)