Juan Pedro
Hernández fue alcalde Teguise por el PIL. Formación política que no se ha
destacado por parir dirigentes honrados, honestos y cabales. Más bien se
destaca por todo lo contrario. Su cabeza visible, Dimas Martín, es de sobra
conocido en los aledaños de Tahíche. Personaje que, incluso desde la cárcel, ha
sido capaz de seguir con los movimientos orquestales en la oscuridad.
Juan Pedro
Hernández se subió luego al carro de Coalición Canaria y ascendió en el
escalafón para ocupar un cómodo asiento, o echadero, en el Parlamento de
Canarias. Nuestro conejero de pro fue condenado en 2012 porque creyó que los
informes de ilegalidad que le argumentaban sus propios técnicos municipales
eran documentos de quita y pon. Las advertencias de que en suelo rústico no era
posible la autorización para ampliar una vivienda (en Tahíche, llámalo
premonición si te apetece) o la construcción de otra en Muñique (ahí estuve yo
en una fiesta de San Isidro tocando con el grupo folclórico de Higa) de poco
valieron, porque el entonces alcalde concedió la licencia (año 1999, fíjense en
la agilidad de la justicia) y se quedó tan ancho. Una alcaldada, que se dice. Y
en Lanzarote, desgraciadamente, ese uso se ha estilado más de la cuenta. Que se
lo pregunten a Carlos Espino.
Juan Pedro
Hernández por los hechos relatados en el párrafo anterior fue condenado a dos
años de inhabilitación. Pero nuestro prohombre se sentía con más fuerzas y le
pareció de poco bagaje procesal las dos minucias urbanísticas antes citadas,
así que decidió autorizar la construcción de cuatro complejos turísticos
(apenas unas 1800 plazas hoteleras), a pesar de la suspensión que imperaba en
ese glorioso año (1999) por parte del cabildo.
Juan Pedro
Hernández, como también lo hicieran por los terrenos costeros de Yaiza, creyó
que por arriba de su consistorio solo existía el derecho divino. Y a este ya
habría tiempo de rendirle cuentas. El socialista Espino las ha pasado canutas
en estos acontecimientos. Las presiones, me consta, no han sido un cúmulo de
bendiciones, precisamente. Porque el golferío imperante en la Isla de los Volcanes ha
rayado la indecencia más abyecta. Se ha instalado el modus operandi del sobre
por mirar para el Charco de San Ginés, o el de Los Clicos, cuando se pasan
papeles a la firma, y, de tal suerte (o desgracia), el incremento de volcanes
en erupción (los últimos escupen billetes en lugar de lava) ha supuesto una
vergüenza nacional, convirtiéndose en paradigma del chanchullo y de la
trapacería.
Juan Pedro
Hernández ha aceptado la jugosa rebaja del fiscal, para evitar el juicio, y
queda nuevamente inhabilitado para cargo público. Ahora por nueve años. Y una
ridícula multa de 5.400 euros. ¿Qué rentable es prevaricar? Porque no habrá
ingenuo alguno que crea que las licencias concedidas no hayan surtido efecto
(económico). El que está acostumbrado a procederes dudosos, no ejecuta sus
malas acciones a cambio de nada. Y gracias a la constancia de Espino se ha
podido alcanzar este punto. Que si no, imagínate.
Juan Pedro
Hernández es docente. Y puede seguir ejerciendo como tal. Sospecho que, como
algunos más, querrá asegurarse otra pensión. Y mantener el seguro, que decía mi
padre. Lo mismo me lo encuentro en un futuro inmediato en los viajes del
Imserso. Pero como maestro de escuela que fui, y a mucha honra, a un sujeto
condenado por acciones de tal porte, habría que desterrarlo de las aulas para
siempre jamás. ¿Qué valores puede inculcar en la juventud? Como no sea los que
ha practicado con excelente provecho en sus labores de cargo público, me dirán.
Juan Pedro
Hernández, como otros tantos políticos sin escrúpulos, debería lavar sus penas
remojándose en Los Hervideros. No quiero ser tan cruel de enviarlo al Islote de
Hilario a quemar penitencias. A lo peor lo tiene bien merecido, pero todos no
somos iguales.
Juan Pedro
Hernández es un mal ejemplo. Reincidente. Como ocurrió con Dimas. Uno no puede
ir por la vida haciendo o ejecutando lo que le venga en gana sin limitación de
ningún tipo. Todos estamos sujetos al Estado de Derecho. Y un político, mucho
más. Y un docente, muchísimo más. La conclusión del proceso debió conllevar un
castigo más severo. Y lo manifiesto así de claro. Porque este desenlace ha
significado, casi, irse de rositas. Hay ocasiones en que la tacha no es
suficiente.
Y
felicitaciones a Carlos Espino, no por su valentía sino por cumplir con una
obligación ciudadana de la que todos deberíamos aprender. Algo, aparentemente,
elemental, pero que en Lanzarote es un valor añadido.
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