viernes, 23 de septiembre de 2016

Derecho al insulto

Digámoslo alto y claro. En todas las profesiones cuecen habas. O guisan papas. Pero es quizás en el periodismo donde se desatan más tormentas. Puede que por la arribada de mucho advenedizo. Hecho que se manifiesta de manera más significada en el mundo de la comunicación audiovisual. Da la impresión de que el tener un micrófono en las inmediaciones de los órganos fonadores hace disparar un raro mecanismo. O desata una lengua viperina. Lo que provoca en algunos energúmenos una desmedida sarta de mofas y escarnios que, y aquí viene lo raro, deleita sobremanera al televidente (radioyente, que también procede). Quien, lejos de guiarse por criterios de mesura, educación y buenos modales, jalea las intervenciones con evidentes muestras de alegría. Y lo malo es que tales cuestiones suelen desembocar en situaciones nada agradables. Menos mal que, afortunadamente, aún restan unos miligramos de sensatez en quienes son capaces de no seguir ciertas corrientes. Aunque, a decir verdad, poco aportamos –me incluyo– pues nos limitamos a desconectar al aparato.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 por la que se condenó al director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, a indemnizar con 20.000 euros a Pablo Iglesias, así como a publicar, a sus costa, los hechos probados y el fallo de la sentencia en el medio que dirige.
El tertuliano (basta con zapear por los diferentes canales televisivos para comprobar cuán prolífico es. Y lo mismo lo podemos hallar en la Sexta Noche, que en El Cascabel, que en 24 Horas… Y si no arremete en su cuenta de Twitter) tuvo a bien calificar al líder de Podemos con epítetos tan cariñosos como chorizo, mangante, sinvergüenza, estafador o gilipollas.
La Audiencia viene a confirmar que el periodista cometió una intromisión ilegítima en el honor de Pablo Iglesias, de manera que sobrepasó el derecho a la libertad de expresión en el que se amparaba para su defensa. Y el tribunal concluye que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que solo protege la información veraz.
“Quien desempeña un cargo público o tiene una relevancia pública por otra razón, no queda completamente despojado de sus derechos de la personalidad y el empleo de insultos y expresiones vejatorias, desconectadas del mensaje político que se quiere transmitir e innecesarias para transmitirlo, consentidas durante un tiempo prolongado, no cumple la función constitucionalmente otorgada a la libertad de expresión, por lo que no puede justificar la preponderancia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor”.
Necesario se me antoja que se produzcan calcos simétricos por contornos más cercanos. Donde se estila el sobrepasar las esferas de cargos públicos para arremeter inmisericorde contra el que ose discrepar de planteamientos. Y no solo en medios privados (ilegales, para mayor regodeo, deleite o complacencia), sino que tales modos y maneras trascienden de tal ámbito y circulan peligrosamente por sectores públicos con aquiescencias que se guían por el laissez faire, laissez passer. Tanto que sospecho que la Asociación de Periodistas de Tenerife aún espera pacientemente por la respuesta que cierta autoridad local debería dar por el comportamiento inadecuado (dejémoslo en eso) de un empleado de una de sus empresas públicas.
Y los calificativos por los que ha sido condenado el ínclito de Alfonso son apenas la punta del iceberg. O pequeños fuegos de artificio al lado de las cargas de profundidad que se lanzan impunemente al socaire de barrancos y castillos. Piropos, diría, en suma, si los comparamos con los dardos o flechas de punta envenenada que se lanzan desde viles tribunas que se amparan en pasotismos inexplicables.
No sé si la justicia utiliza algún baremo para medir el grado de los insultos. No sé si posee una escala en la que sopesa hasta qué punto los vocablos van más allá de herir susceptibilidades. No sé cuál es la balanza que determina el calibre de injurias, maledicencias, escarnios. Tampoco tengo certeza de si el veneno de las serpientes causa estragos en los sujetos portadores de las bolsas (o sacos) de mala bilis. Porque es que ya se sobrepasa el ámbito de lo público (que podría ser el escudo que supuestamente ampare a estos sujetos –o más bien, complementos circunstanciales– para cargar tintas contra gestiones de dudoso proceder, que viene a ser, por otra parte, lo que la mayoría de comentaristas solemos llevar a cabo) para traspasar esa linde peligrosa que nos adentra en el terreno de lo privado, de lo personal, de lo íntimo. Del honor de cada cual. Hasta ellos lo tenían.
Bueno será que desde San Juan de la Rambla, desde La Victoria y otros escenarios atacados sin piedad –puede que, incluso, con la sonrisa cómplice de superiores jerárquicos y amparados por las llamadas laudatorias de los números telefónicos de siempre– se tome debida nota de que existen posibilidades legales de parar estas ignominias. Los procesos son lentos, desesperantes –como el de la recuperación ante una fractura de calcáneo– pero al final del trayecto deberá prevalecer la ecuanimidad. O dicho de otra manera: Cada 11 de noviembre nos topamos con la celebración de San Martín.
A pesar de que ya entramos en otoño, sepan que no descansamos. Este fin de semana proseguimos con Turismo y folclore. Sean felices.