Hecha la advertencia (que no servirá de gran cosa, ya verás),
debo confesar que me hallo preocupado. Mucho. Por ciertas derivas que pueden
desembocar en lamentos de muy complicada digestión. Y no es que muchos cargos políticos
meen por fuera de la bacinilla (también conocida por escupidera), sino que el
pilar fundamental de la justicia se tambalea peligrosamente. Que el Tribunal
Constitucional haya tenido que aclarar al mismísimo Tribunal Supremo (y a todos
los órganos de inferior rango) que “las leyes no delinquen”, es inquietante en
grado superlativo. Y no lo manifiesto por la amnistía (que podría ser
inconstitucional, si cualquier recurso mereciera sentencia en tal sentido),
sino por los procederes de magistrados que parecen deberse a otros intereses
que no sea la correcta aplicación del ordenamiento jurídico.
De siempre me extrañó, por ejemplo, que un sistema aprobado
por el parlamento andaluz (caso ERE, partidas incluidas en la Ley de
Presupuestos), sin recurso alguno de cualquier grupo, fuese declarado ilegal.
Algo bien diferente si fue delictivo el uso que de él se hizo. Ese es otro
cantar. Si la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) sigue
proporcionando el adecuado sistema de frenos y contrapesos, vale. Pero –esa rara
sensación me invade– si cambiamos las reglas del juego para que uno –el judicial–
no solo prevalezca sino que se crea intocable asumiendo papeles que no le
corresponden, malo. Y es que hay decisiones y posturas que te hacen recordar
aquello de ‘si sale cara gano yo y si sale cruz pierdes tú’. Zapatero a tus zapatos.
Y no me refiero a José Luis. Malo que el político incursione en la justicia,
pero mucho peor que el juez juegue a ser extremo derecho.
Después de más de
cuarenta y cinco años de entrada en vigor de la Constitución me resulta
inimaginable que un Tribunal Constitucional se vea obligado a explicar a los
Magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo el
lugar del Parlamento, del Poder Judicial y de la Justicia Constitucional en un
Estado democrático de derecho. Pero así ha sido.
El caso de los EREs no
ha sido, como viene diciendo de manera ininterrumpida toda la derecha española,
el mayor caso de corrupción de la democracia, sino el mayor caso de lawfare. Se
ha tratado de una persecución política disfrazada de procedimiento judicial,
con un desconocimiento flagrante de la Constitución Española y del Estatuto de
Autonomía de Andalucía o con una interpretación deliberadamente torticera de
ambas normas.
Lo escribió Javier Pérez Royo. Es su opinión, me dirás. Por
supuesto. Es que se le ve el plumero izquierdoso. Puede, pero en el ámbito de
su libertad de expresión y no en el del uso maquiavélico de una toga en un
tribunal.
¿Y por qué el titular de ensañamiento? Jolines, porque creo
que lo hay. Y como el artículo 20 de la Constitución me reconoce tal libertad y
no traspaso límite alguno en el respeto a los otros derechos reconocidos en su
Título I (de los derechos y deberes fundamentales), dígole (escríbole) a sus
señorías ¿tradicionalistas? que ya está bien. Enfundarse la bata (toga, para los ilustrados) no les faculta
para interpretaciones sesgadas. A este paso, nada extrañaría que el propósito
del legislador quede al albur ¿del control por la puerta de atrás, de Ignacio
Cosidó?
Aunque ensañamiento (encono, brutalidad, sadismo, crueldad,
salvajismo, sevicia, fiereza) lo de Israel en Gaza. Sin que nadie le tosa ni le
diga mu. Intocables, igualmente.
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